sábado, 14 de marzo de 2015

los Pensionados y Jubilados nos unimos al dolor de la familia de Rodolfo Gonzalez , que Dios , la Justicia y la Historia castigue a los responsables “Parece un suicidio inducido, la tortura fue muy grande”

los Pensionados y Jubilados nos unimos al dolor de la familia de Rodolfo Gonzalez , que Dios , la Justicia y la Historia castigue a los responsables “Parece un suicidio inducido, la tortura fue muy grande”

Rodolfo y Josefa González, en una de las sesiones de la Audiencia Preliminar | Lissette González
Rodolfo González estaba recluido en el área de control del Sebin | Foto Lissette González
El piloto Rodolfo González murió por estrangulamiento y asfixia. Su hija Ivette dijo que lo iban a trasladar a Yare
La angustia que Rodolfo Pedro González, de 64 años de edad, les manifestó a sus hijas y esposa antes de presuntamente suicidarse y los mensajes que circularon en Twitter el jueves en la noche fueron la antesala de la peor imagen que Ivette González ha visto en su vida: la de su padre muerto en el suelo, cubierto con una sábana, en uno de los pasillos de la sede del Sebin del Helicoide.
“Estaba afuera de su celda, como  si hubiese muerto en la calle. Lo vi boca arriba y morado. Cuando llegué los funcionarios del Sebin estaban consternados. No todos son malos. Aunque llegamos a las 5:00 am y pedimos que nos dejaran entrar, fue después de casi una hora cuando nos dejaron ingresar”, aseguró consternada la mujer.
En el acta de defunción de González, piloto comercial retirado hace 15 años, se especifica que la causa de muerte fue estrangulamiento y asfixia y que falleció el jueves a las 11:00 pm. Ayer, poco antes de las 6:00 pm, cuando sus hijas aún terminaban los trámites para retirar el cuerpo en la morgue de Bello Monte y conseguir cupo para el velorio y el sepelio en el Cementerio del Este, no les habían confirmado la hipótesis del suicidio. Pero lo sospechaban.
“Parece un suicidio inducido. La tortura psicológica que le hicieron a mi padre fue muy grande. Le decían que estaba de tercero en la lista, que iba para Yare y eso lamentablemente parece que lo llevó a tomar esta decisión. Nosotros pensamos que hubo una presión muy fuerte y emocional. Era un hombre mayor, que no estaba en buena condición de salud y al que le preocupaban las vejaciones que sufren los familiares en un penal”, manifestó Ivette González.
González fue detenido durante un allanamiento del Sebin en su casa ubicada en Macaracuay el 26 de abril de 2014, por ser un presunto operador logístico de las guarimbas. Su hija Lisseth señaló que estaba retirado y hacía trabajos por su cuenta, pero el sustento principal de sus padres era el negocio de turismo, que tienen desde hace 30 años, del que se llevaron computadoras y los libros del Seniat.
De acuerdo con el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en el momento de su captura le decomisaron armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos que lo vinculaban con acciones subversivas. El 8 de octubre el Tribunal 27° de Control decidió que González y su esposa, Josefa de González, más tres estudiantes, fuesen a juicio.
El piloto fue imputado por asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego; sufría de enfermedad periodontal —usaba aparatos— y de hipertensión. Su esposa, de 68 años de edad, tiene régimen de presentación cada 30 días.
Aún consternadas y abrumadas por los periodistas nacionales e internacionales que esperaron que regresaran de la Fiscalía a la medicatura forense, las hijas de González le explicaron a la prensa que su padre, al que el gobierno llamaba el “Aviador”, estaba tras las rejas por el testimonio aportado por un “patriota cooperante”.
“Una vez hubo una huelga de hambre y él se reunía con estudiantes, les buscaba botellas de agua y de Gatorade. Él los llegó a ayudar, pero de allí a decir que era un articulador logístico de las guarimbas hay un salto cuántico”, precisó Lissette González.
Extraoficialmente se conoció que González estaba detenido en el área de control del Sebin.  Estaba en una celda privada y le permitían salir a espacios comunes en los que compartía con otros tres presos que son investigados por asociación para delinquir y otras causas que se detallan en el mismo expediente.
“Ninguno de los cuatro se conocían. Fueron detenidos por las protestas en días distintos. Uno de ellos es Renzo Prieto, egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira; Yamir Varela, vigilante de una quinta que es propiedad del activista de derechos humanos Gustavo Tovar Arrollo, y Douglas Morillo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua”, explicó una fuente.
“Él les dijo a los jóvenes que están en el Sebin que iba a hacer algo para que no se los llevaran para Yare, pero nadie les prestó atención”, aseguró una persona cercana a González.
Aunque su hija Ivette desconocía esa promesa que habría realizado su padre, la mujer aún recordaba la última llamada que realizó el hombre el jueves a las 9:00 pm.
“Nos pidió que le lleváramos la cédula laminada el viernes a primera hora porque lo iban a trasladar para Yare. Estaba muy angustiado. Tenía dos días sin dormir. Pero siempre nos dijo que no iba a permitir que sus hijas y esposa fueran requisadas como lo hacen en ese tipo de cárceles”, expresó.
El abogado de González, Dionel Mendoza, explicó que su defendido no había pasado a juicio y que para ayer estaba pautada una audiencia en la que se presentaría un supuesto material incautado durante el allanamiento en su residencia.
“Varias veces se pidió una medida sustitutiva de libertad, lamentablemente pasó esto. La prueba hasta ahora y que jamás se ha promovido es la del patriota cooperante que supuestamente fue quien dijo que el señor Rodolfo tenía un aparataje montado, que recibía dinero de otro país, pero en ningún momento ese patriota cooperante se promovió como prueba. El caso lo lleva la fiscal 20° nacional Katherine Harington. Por lo que podemos ver, ella lo que busca es cuidar su puesto en el Ministerio Público”, advirtió.
“A la fiscal le digo que el éxito político no justifica la injusticia de llenarse de sangre las manos de alguien que actúa sin ningún apego a la justicia”, manifestó Lissete González.
Irregular. El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseveró que los presos políticos que están en el Sebin no pueden ser trasladados a cárceles para reclusos comunes, como les han informado desde hace semanas algunos de los comisarios de la policía política, porque se les violarían sus derechos humanos.
Confirmó que el 11 de marzo una delegación del Ministerio del Servicio Penitenciario acudió al Sebin para “seleccionar” quiénes serían trasladados, entre ellos González. Un funcionario del organismo en el Helicoide dijo que los traslados están congelados por la muerte de González.
En el Sebin hay 24 presos políticos, de acuerdo con Venezuela Awareness: 21 en el Helicoide y 3 en Plaza Venezuela.
Haro explicó por qué los presos políticos no pueden trasladarse a otras cárceles: “Como principio general de derecho humanitario, no se pueden mezclar con la población penal común, en cárceles para presos comunes”, dijo.
Agregó que los presos que están en la policía política no han sido condenados, en prácticamente 99% de los casos. Además advirtió que en cárceles de alta peligrosidad a los presos políticos del Sebin no se les podrá garantizar sus derechos a la vida, integridad física, salud, y a no ser sometidos a tratos crueles inhumanos.
Provea responsabilizó al Estado por la muerte del piloto, al igual que Venezuela Awareness, que también denunció tortura psicológica.
González será velado mañana a partir de las 10:00 am en la Capilla Monumental II del Cementerio del Este.
Opositores en cárceles comunesEl abogado Marcelo Crovato, del Foro Penal, fue recluido en la cárcel de Yare III el año pasado, luego de ser detenido mientras asistía a investigados por las protestas. En diciembre Crovato intentó suicidarse, pero otros reclusos le impidieron ahorcarse; una evaluación psiquiátrica ordenada por el Ministerio Público en octubre determinó que el abogado padecía de insomnio crónico, pérdida de apetito y perturbación por la separación prolongada de sus hijos. 
El 25 de febrero a Crovato se le otorgó la medida de casa por cárcel.
A Raúl Emilio Baduel y a Alexander el “Gato Tirado”, condenados la semana pasada a ocho años de prisión, los tienen en la cárcel de Tocuyito, pero les cambiaron varias veces el lugar de reclusión.  Los jóvenes, detenidos durante las protestas de marzo del año pasado en Maracay, sufrieron quemaduras en los genitales, luego de permanecer horas castigados y tendidos sobre asfalto en la cárcel de Uribana. En mayo de 2014 ONG denunciaron que de 74 estudiantes presos por manifestar hasta esa fecha, 12 estaban recluidos en Yare III.
Fiscal nacionalEl Ministerio Público designó a la fiscal 22 nacional, Raiza Sifontes, para investigar la muerte de Rodolfo González. “El fiscal recaba elementos necesarios para la investigación conjuntamente con expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público en el Área Metropolitana de Caracas, para determinar las causas del deceso del sexagenario”, informó la Fiscalía.
Hasta febrero de este año, la Fiscalía de la República reportó 41 presos de los detenidos en las protestas de 2014.
El ministro del Interior, mayor general (Ej) Gustavo González López, pidió no politizar el caso. Informó que los primeros indicios de la investigación arrojan que el preso se habría suicidado, difundió AVN.
“Es falsa la información de que el señor González Martínez iba a ser trasferido al penal de Yare. La investigación del Ministerio Público dará más detalles del caso”. Dijo que en el Sebin se garantizan los derechos humanos, por lo cual no se ejerce ningún tipo de tortura psicológica.
La Cifra63 personas continúan detenidas por las protestas que iniciaron el año pasado contra el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano. Desde esa fecha, ha habido 3.693 detenciones, que incluyen a 354 menores de edad

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