lunes, 19 de septiembre de 2011

Gobierno no tiene la capacidad para manejar un organismo de salud tan grande, alertaron federaciones de trabajadores pensionados

Las asociaciones de jubilados del Estado rechazaron la Bolivariana de Seguros como prestadora de salud en el sector público. "El Gobierno no tiene la capacidad para manejar un organismo tan grande", advirtió Emilio Lozada, directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela.

Representantes de 16 organizaciones de empleados públicos retirados entregaron a los medios copia de la carta al presidente Hugo Chávez, en la que lo exhortan a resolver los problemas que enfrentan, como la desigualdad de los montos de hospitalización, cirugía y maternidad con respecto a los trabajadores activos.

En la comunicación, las organizaciones expresan su inquietud ante la Bolivariana de Seguros y la ley que estipula centralizar los servicios de HCM, pólizas funerarias, entre otros, debido a "la débil capacidad operativa del Estado para asumir eficazmente la carga de 14,5 millones de personas amparadas por las pólizas gubernamentales, que hoy atienden clínicas y servicios privados".

Solicitan que se haga una evaluación de la capacidad técnica, operacional y administrativa de la Bolivariana de Seguros, cuya implantación también afecta los empleos de miles de trabajadores de los centros privados de salud.

Omar Vásquez Lagonel, de la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados, indicó que países con mayor número de empleados públicos como Brasil y México- han desechado la idea de concentrar toda la nómina del Estado en un solo organismo.

En la carta los jubilados plantean también la promulgación de un decreto presidencial que homologue las coberturas de las pólizas de HCM y seguro funerario, de conformidad con la cláusula 29 del aún vigente contrato colectivo marco 20032005 del sector público.

Agregan que la mayoría de los pensionados tienen coberturas por 2.000 bolívares frente a empleados activos con 10.000 bolívares. "A esta altura de nuestras vidas, nos encontramos en condiciones marginales y desprotegidos de una política de seguridad social y un régimen de ingresos económicos que nos garanticen cubrir nuestras necesidades".

Funate acudirá a las fuerzas vivas del estado Carabobo para discutir nuevo Sistema de Seguridad Social


La Fundación Amigos de la Tercera Edad (Fuante) promoverá a nivel regional y nacional la entrada en agenda de discusiones para establecer un nuevo sistema de seguridad social que esté acorde con las necesidades de los venezolanos.


Raúl Goite, presidente de la Fundación Amigos de la Tercera Edad explicó que desde este lunes 05 de septiembre, estarán solicitando audiencias a las diferentes fuerzas vivas del estado Carabobo, con la finalidad de discutir las actuales condiciones del Sistema de Seguridad Social.

“Ya comenzamos a solicitar las audiencias contentivas de un documento que explica la finalidad de nuestra visita, a fin que al momento de darse dicho encuentro ya estas organizaciones públicas y privadas tengan algún aporte que ofrecer a nuestra propuesta”.

Entre las fuerzas vivas que serán visitadas por la Fundación Amigos de la Tercera Edad, destacan la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, la Universidad de Carabobo, Capemiac, Fedecamaras, y a nivel católico, será visitado Monseñor Reinaldo Del Prette.

“La finalidad es que en Venezuela se construya un Sistema de Seguridad Social universal y no como el actual que es excluyente y patronal”, resaltó Goite.

Igualmente, destacó que resulta importante el aporte de cada uno de estos entes, puesto que el sistema social es un factor imprescindible en cualquier país y que vincula a toda la sociedad nacional.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Alfredo Ramos: En Venezuela urge un nuevo sistema de pensiones



Caracas.- "Mientras el gobierno derrocha y despilfarra dinero en la compra de armamento chatarra, las necesidades básicas de los venezolanos no son cubiertas, como es el caso de las pensiones de los adultos mayores y pensionados", denunció el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Lara, Alfredo Ramos.

Afirmó que "15 mil millones de dólares está utilizando el gobierno para la compra de armamento militar, dinero que podría ser utilizado para cubrir el ticket alimentación de los jubilados y pensionados".

Manifestó que existe una profunda decepción por parte de los jubilados, pensionados y adultos mayores porque la Asamblea Nacional no les ha dado respuesta a sus peticiones. Expresó que, "Una vez culminado el primer período legislativo de este año, el balance de leyes en materia social de los venezolanos es prácticamente ineficiente, insuficiente, poco productiva".

El diputado indicó que por parte de la Unidad Democrática se han introducido aproximadamente ocho leyes, todas relacionadas con los problemas sociales de los venezolanos, pero que hasta el día de hoy, ni una sola ley propuesta por la bancada opositora ha sido llevada a primera discusión. "Eso demuestra que los diputados del PSUV poco les importan los problemas de la gente y especialmente de los jubilados, pensionados y adultos mayores".

Sostuvo que "para nadie es un secreto que la mayoría de nuestros adultos mayores tienen que mendigar una ayuda económica por la vía del Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS), y vemos que a pesar de que este gobierno ha manejado inmensos recursos económicos, el dinero está siendo utilizado para cubrir las necesidades de otros países, mientras gran parte de los venezolanos en edad de retiro están fuera del sistema de seguridad social."

El parlamentario señaló que "definitivamente necesitamos un nuevo sistema de pensiones y reformar la ley de alimentación. Nosotros hicimos una propuesta para modificar dos artículos de esa norma, como es el caso del artículo uno, para extender el beneficio del ticket alimentación hacia los jubilados y pensionados y el articulo dos para darle carácter de universal el beneficio del ticket alimentación para que sea entregado a todos los trabajadores sin importar el número que integren por empresas".

Sin embargo, aclaró que "esa modificación fue implementada por el Presidente a través de la ley habilitante y lo consideramos un logro de la lucha del país, pero aun existe el descontento generalizado de los jubilados y pensionado porque fueron excluidos casi aproximadamente dos millones 200 mil pensionados de esta reivindicación laboral".

"Sólo algunos trabajadores públicos como: los jubilados de la Asamblea Nacional, Ministerio del Trabajo, INCES, Metro de Caracas; reciben el beneficio mientras el resto de los trabajadores no. Es injusto que un trabajador tenga este beneficio a lo largo de su vida laboral y al jubilarse se lo quitan".