sábado, 26 de febrero de 2011

Las notas de Andrés

Exitosa reunión por la cestaticket de alimentación

Auspiciosa la reunión celebrada la semana pasada en respaldo a la cestaticket de alimentación para todos los jubilados y pensionados y preparatoria de la discusión de la Ley de Pensiones.

Poco a poco se ha ido conformando nacionalmente un gran movimiento que organiza asambleas, foros, movilizaciones para darle fortaleza a la reforma de la Ley de Alimentación y exigir sin demoras un sistema universal de seguridad social. Para después de Carnaval se prepara una nueva asamblea para continuar recogiendo firmas de apoyo y para organizar la marcha de entrega de firmas ante la Asamblea Nacional. Reiteramos la invitación a todas las asociaciones de jubilados y pensionados del sector público y de las empresas básicas y a todos los trabajadores en general para que participen activamente en estas actividades.

Garantía de prestaciones sociales y cronograma de pago

Otra de las iniciativas legislativas en marcha es la Ley de Garantía de Pago de Prestaciones Sociales y Preservación de su Poder Adquisitivo.

Esta norma es un clamor de los trabajadores del sector público. Esta ley vendría a poner fin a las penurias de los funcionarios que al salir jubilados tienen que esperar hasta 5 y 7 años para recibir sus prestaciones sociales y considerando los altos índices inflacionarios, cuando se las cancelan han perdido más de la mitad de su valor. El país tiene recursos y no podemos seguir acumulando pasivos con los asalariados. Debemos aprovechar los excedentes petroleros para establecer un cronograma de pagos de prestaciones e intereses que nos permita reducir lo antes posible esa gran deuda que se tiene con los trabajadores del sector público

viernes, 25 de febrero de 2011

Recolectan firmas para otorgamiento de cesta ticket a pensionados y jubilados

Gualberto Mas y Rubí, diputado a la Asamblea Nacional, con la firme intención de lograr el goce de cesta ticket para pensionados, jubilados y discapacitados del país, organizó puntos de recolección de firmas en toda la región zuliana, para lograr la modificación de la Ley de Alimentación en beneficio de este segmento de trabajadores que dedicó parte de su vida a laborar y actualmente no lo reciben.

Es de resaltar que un punto de recolección de firmas fue ubicado en el Casco Central de la ciudad la mañana de este viernes para que los interesados pudieran apoyar dicha propuesta.

El diputado Mas y Rubí afirmó que en todo el país se viene cumpliendo con la actividad de recolección, el firme propósito de incluir el otorgamiento de la cesta ticket a las personas que cumplieron su jornada laboral, al igual que a los discapacitados. “Cuento con el respaldo del diputado Alfredo Ramos, quien ha sido el vocero ante la Asamblea Nacional de este proyecto de reforma de ley.

Mas y Rubí, destacó que existen instituciones que actualmente pagan el beneficio, entre ellos, el Tribunal Supremo de Justicia, Metro de Caracas, La Universidad del Zulia y hasta la misma Asamblea Nacional, por ello todos deberían gozar de este privilegio, aún más si está contenido en la Constitución Nacional, que establece en su artículo 86 el derecho a la seguridad social durante la vejez, invalidez y pensión, medida que abarca al grupo de personas jubiladas y pensionadas.

Indicó que hasta los momentos se han instalado 15 puntos de recolección en toda la región Zulia, entre ellos; Maracaibo, San Francisco, Sur del Lago, la Guajira y COL.

El parlamentario resaltó para finalizar que esperan recolectar 5 mil firmas por eso se tiene previsto instalar puntos de recolección hasta el próximo miércoles para que las personas interesadas puedan participar, ya que para el viernes próximo se estarían entregando las rúbricas en la Asamblea Nacional.

Diputados de la MUD buscan garantizar la seguridad social

Con el objeto de entregar una serie de propuestas a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, la Red de Instituciones Larenses realizó un encuentro este lunes en la Sala de Adiestramiento del Diario EL IMPULSO.

Una comisión especial se estableció para conformar "La agenda parlamentaria", por la cual deberían guiarse los asambleístas en los próximos meses y así mitigar los diferentes problemas que aquejan al país.
El diputado Alfredo Ramos, señaló que la meta principal es garantizar la seguridad social a 6 millones de abuelos, quienes no cuentan con las posibilidades mínimas para conseguir el sustento diario, comprar sus medicinas y sufragar sus gastos. "Nos preocupa el tema de la seguridad social pues la población venezolana tiene una considerable cantidad de adultos mayores. Este es un problema de todos, especialmente del Gobierno", adujo.
En este sentido, la Red de Instituciones Larenses realizó un profundo estudio de la realidad nacional y generó una serie de propuestas para ser consideradas por las autoridades.

Claro planteamiento

El economista Gerardo Álvarez tomó la palabra y explicó el plan estratégico que según la organización, deben abordar los parlamentarios de la Asamblea nacional.
En primera instancia, es necesario enfrentar "la peligrosa situación de inseguridad que afecta a todos los niveles de la sociedad larense, al punto que estamos en un deshonroso quinto lugar en el concierto de ciudades más violentas del país", señaló.
Además, es pertinente el mejoramiento de la deficiente infraestructura hospitalaria especialmente en el Hospital Central Antonio María Pineda que diariamente recibe a millones de personas. "No sólo este centro de salud ha sido víctima del olvido oficial, sino también el grado de abandono en el cual se encuentran los centros asistenciales de las barriadas, desprovistos de recursos humanos calificados, hasta instrumentos quirúrgicos y dotación medicinal".
A la lista de dificultades se suma la terrible situación de la vialidad, por cuanto la mayoría de las calles y avenidas de la ciudad se encuentran totalmente destruidas. "Particular importancia merece señalar el estado de abandono en que se encuentran las zonas industriales de Barquisimeto y las ciudades aledañas, no sólo por el estado físico de sus vías internas sino por la ausencia de servicios públicos básicos para llevar a cabo los procesos productivos".
Las expropiaciones e invasiones son punto principal en el abanico de contrariedades presentadas, representando quizá uno de los principales retos de las autoridades e instituciones formales. "El tema de la intervención de Casa Propia también tiene que ser discutido. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para no dejarnos quitar la única institución financiera que existía en nuestro estado Lara", dijeron.
El presidente de la Cámara de Industriales, Eduardo Cabré, solicitó a los diputados respuestas formales sobre los planteamientos formulados, en aras de que pueda mejorarse la calidad de vida de la población en el menor tiempo posible.
En este sentido, Alfredo Ramos resaltó que la mayoría de los dirigentes políticos se encuentran trabajando fuertemente por resolver las demandas de la sociedad, y se comprometió a conferir todas las propuestas recabas ante el resto de los legisladores.


Pedirán reforma a la Ley del BCV

En las próximas semanas, los diputados de la MUD solicitarán ante la Asamblea Nacional una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela.

El objeto del planteamiento es destinar 50% de los recursos petroleros a la seguridad social de los adultos mayores. "Estamos 100% comprometidos con esta labor que favorece a millones de personas. Se trata de justicia para aquellos que no tienen nada", apuntó Alfredo Ramos.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Funate asegura que IVSS viola su normativa

Valencia (REDACTA).- Raúl Goite, presidente de la Fundación Amigos de la Tercera Edad, (FUNATE), asegura que el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) viola su normativa interna, pues el reglamento señala que la junta directiva de este organismo debe estar integrada por funcionarios del Estado y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Goite manifestó que el incumplimiento de la Ley del IVSS, ha desmejorado el sistema de seguridad social del país, porque las decisiones en esta materia son tomadas sólo por el Gobierno Nacional. “Ni los empresarios, ni los ciudadanos estamos participando en las propuestas. Se están coartando nuestros derechos”.

El representante de los adultos mayores le exige al poder central cumplir con las legislaciones, para lograr avances en esta materia, pero además consideró que se debe realizar una reforma parcial de la ley de alimentación de los trabajadores, para que al ser jubilados o pensionados gocen de Cesta ticket. “El próximo 19 de febrero recogeremos firmas en toda la nación, para que se nos otorgue el beneficio”.

"El Estado tienen suficientes recursos económicos para cubrir el beneficio de la cesta ticket"

Profesionales de distintos gremios y representates sindicales de diferente sectores del estado Aragua, se unieron para recolectar firmas en apoyo al proyecto de reforma a la Ley de Alimentación, que permitiría ampliar los cesta ticket a otros sectores.

Teodomiro Aguilar, miembro del comité promotor por la reforma y vocero del sector jubilados del Colegio de Profesores de Aragua, explicó que esperan recolectar 80 mil firmas. "Asumimos esta responsabilidad porque necesitamos que se materialice la reforma al artículo uno de este instrumento legal, para que se permita extender el beneficio del bono alimentario o cesta ticket a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados".

A nivel regional fueron instalados 17 puntos de recolección, ubicados en la Avenida 107 de La Coromoto, Plaza Bicentenaria, Centro Comercial Parque Aragua, Centro Médico Maracay, Plaza del Barrio Piñonal, Plaza José Félix Ribas, de La Victoria; Plaza Mariño, de Turmero, entre otros.

Explicó Aguilar que todos los que quieran podrán estampar su firma para ver materializado nuestro propósito, los jubilados y pensionados se encuentran excluidos de la ley, y esto beneficiará aproximadamente a dos millones de trabajadores. "El Estado tienen suficientes recursos económicos para cubrir el beneficio de la cesta ticket".

domingo, 20 de febrero de 2011

Guayaneses acogen con entusiasmo anteproyectos sobre la seguridad social


Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venalum (Ajupeve), sentenció y el auditorio estalló en aplausos: “quieren llevar nuestras pensiones al salario mínimo, y esa vaina no la vamos a permitir, hermano”.

De esa manera resumió la intención del foro que, durante la mañana de este sábado, se desarrolló en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz, centrado en la discusión de la Ley de Estatutos de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes.

Con la participación de integrantes de diversas asociaciones del entorno laboral guayanés, y los diputados Américo de Grazia y Andrés Velásquez, en el encuentro se expusieron los puntos álgidos relacionados con la Ley.

El principio, básicamente, fue uno, como señaló Velásquez: “la seguridad social no es una dádiva de los gobiernos: es un derecho humano”.

Interés nacional
Velásquez informó que este sábado organizaciones afiliadas a la Mesa de la Unidad Democrática recolectaron firmas a favor del proyecto, con el fin de entregarlas ante la directiva de la Asamblea Nacional.

“Vemos que a veces a los jóvenes no les importa este tema, pero en realidad es algo que debe interesarnos a todos, pues todos nos vamos a ver en esto”, expuso.

De acuerdo con el legislador “esto debe impulsarse con presión. Estamos seguros de que con una gran movilización nacional y haciendo presencia en la Asamblea Nacional, podemos lograr este beneficio”.

Acotó que no sólo los jubilados y pensionados serán incluidos en la Ley: buhoneros, amas de casa, trabajadores a destajo y mineros también serán tomados en cuenta.

Primeros pasos
Velásquez resaltó que la apertura del registro nacional de cotizantes será uno de los primeros pasos que serán concretados para lograr los beneficios establecidos en el proyecto.

“Debemos partir de un principio constitucional, que es el de contar con una mejor calidad de vida. La lucha no es fácil, porque nos estamos enfrentando nada más y nada menos que al Estado”, agregó Medina durante su intervención.

miércoles, 16 de febrero de 2011

Pensionados, jubilados y sobrevivientes del Seguro Social son llamados a solicitar beneficio alimentario



En la Casa del Obrero ubicada en la calle Jáuregui entre Carabobo y Junín, se están recabando firmas de los pensionados, jubilados y sobrevivientes del seguro Social con la intención de solicitar el beneficio alimentario.

Este beneficio es considerado necesario para la vida de las personas de la tercera edad, pues asegura en parte su integridad física y mejora su calidad de vida. La secretaria del Prof. Rubén Rosario Karla Quevedo informó “ya han venido bastantes personas de la administración pública y privadas del ministerio de educación, de salud, también la parte obrera. Hasta ahora casi 500 personas han firmado la solicitud, en sólo el municipio Boconó y se espera recabar muchas más para respaldar esta solicitud que se elevará a las autoridades pertinentes a nivel nacional, una vez termine esta jornada de recolección de firmas”.


Por este motivo se hace el llamado a los interesados a acercarse hasta la Casa del Obrero, donde estarán hasta este viernes 18 de febrero en horario de oficina “es un beneficio muy necesario para todos, los jubilados y todos los abuelitos en general, que necesitan ayuda para mejorar en todo sentido, ellos dieron su vida por nosotros, ahora tenemos que ayudarlos a ellos” finalizó diciendo Karla Quevedo.

Asociación de Jubilados y Pensionados denuncia discriminación en el Seguro Social


El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Jorge Tiniacos indicó que desde hace 5 años, los adultos mayores del país han sufrido de recortes en sus ingresos, sin previo aviso. Denunció que los jubilados y pensionados de entes como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Seniat en Caracas reciben aumentos constantes de alimentacion, gastos médicos y pensión por sobrevivientes.

"Los jubilados y pensionados de los estados y municipios estamos recibiendo prácticamente el sueldo mínimo. No tenemos bono alimenticio y la edad máxima para sobreviviente es de 14 años. ¿Qué seguridad social es esa?, ¿de cuál igualdad estan hablando? el gobierno nacional que respete lo establecido en La ley, y La Asamblea Nacional que verifique está situación", expresó Tiniacos.

Defensor de pensiones


Luego de su intercambio de palabras con el presidente Chávez, se reunió con la ministra del Trabajo. Siente que la mayoría de los diputados oficialistas comparten su propuesta, por lo que espera que la apoyen

Por: Xabier Coscojuela

Las pensiones que paga el Estado venezolano las volvió sal y agua la inflación persistente que sufre el país. Haberlas equiparado con el salario mínimo fue considerado, en su momento, como un gran avance, pero cada vez alcanza para menos, en opinión del diputado Alfredo Ramos, quien en nombre de La Causa R propone que los pensionados también reciban el bono, conocido popularmente como cesta ticket.

La propuesta, formulada a través de los medios en primer lugar y, el día de la presentación de la memoria y cuenta presidencial, planteada al jefe del Estado en vivo y directo, hizo que Ramos sostuviera una reunión con la ministra del Trabajo María Cristina Iglesias, quien recibió las propuesta y prometió someterlas a estudio y posteriormente llevárselas al presidente Chávez. Todavía no hay respuesta.

El pasado jueves durante la interpelación a los ministros del área social, Ramos reiteró sus propuestas y recordó la deuda del chavismo con aprobar la retroactividad de las prestaciones sociales, mandato que está en la Constitución.

Cuando se refería al tema le cortaron el sonido.

Aristóbulo Istúriz aseguró que ahora sí van a reformar la Ley del Trabajo para abordar ese aspecto, pero el parlamentario de la Causa R tiene sus dudas.

"Han tenido 10 años para hacerlo, con el Parlamento totalmente en sus manos y no lo hicieron. Ver para creer", dice desconfiado.

BONO DE ALIMENTACIÓN

Ramos ha venido recorriendo el país exponiendo su propuesta del ticket de alimentación y recogiendo firmas de miles de personas que comparten su planteamiento. "Ahora con la devaluación de la moneda que aprobó el Gobierno es cuando más necesario es el otorgamiento del cesta ticket, porque la mayoría de los pensionados emplean lo que reciben para comprar medicinas, que vendrán más caras".

Precisa que en la actualidad existen más de treinta instituciones del Estado que les cancelan el bono de alimentación a sus jubilados. "Los jubilados de la Asamblea Nacional, del Banco Central, del sector eléctrico, de algunas universidades y los médicos del Ipasme, entre otros entes, reciben sus cesta ticket", por lo que considera justo que tal beneficio se extienda a todos los pensionados que hay en el país, que los estima en dos millones de personas.

Recordó que el bono de alimentación fue una propuesta de La Causa R hecha en 1997 y que inicialmente beneficiaba a los trabajadores de las empresas que tuvieran desde 50 trabajadores.

Posterior- mente fue reformada para que se extendiera hasta las empresas con veinte empleados y "se impuso que fuera obligatorio para todos los entes del Estado, antes era opcional".

El abogado laboral y experto en el tema, León Arismendi, en principio está de acuerdo con las propuestas de Ramos, pero señala que hay que "sacar las cuentas" y sugiere que en lugar de entregar un cesta ticket, a los jubilados se les incremente la pensión en un monto equivalente al referido bono. "De esta manera sería muy sencillo llevarlo a la práctica".

En cuanto a la reacción de sus colegas de la bancada oficial, Ramos señala que "siento que hay un apoyo en la mayoría de la bancada oficial, saben que es una necesidad", por lo que espera que sea aprobada su propuesta. Tienen la oportunidad de demostrar en la práctica lo que hablan de justicia social. Vamos a ver si es verdad lo que pregonan", afirma.

FIADO PARA RECIBIR PENSIÓN

Otra propuesta hecha por Ramos es que las personas que no tengan las 750 cotizaciones que permiten obtener una pensión, reciban un préstamo del propio Estado para completarlas. "El mecanismo es sencillo: se le otorga la pensión al jubilado y del monto que recibe mensualmente se le descuenta una cuota hasta que paga el fiado que le dieron".

Esta propuesta también está en estudio por parte de la ministra del Trabajo.

Al mismo tiempo, y como una solución definitiva al problema, Ramos plantea la necesidad de sancionar una ley que permita la creación de fondos mixtos de pensiones "donde coticen trabajador, patrono publico y privado y parte de la renta petrolera sirva para garantizar lo que establece la Constitución: que todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión, aun no teniendo capacidad contributiva".

Es partidario de que la pensión que cobre cada jubilado esté acorde con sus cotizaciones, y no como ocurre en la actualidad, que todos reciben el mismo monto, así unos hayan aportado más que otros.

CONSERVAR VALOR

Otro instrumento legal que tiene entre manos es la Ley de Conservación de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público, que obliga al Estado a pagar las prestaciones en un año. "Es conocido por todos que cuando un trabajador del Estado se jubila, sus prestaciones pueden ser canceladas en tres, cuatro o cinco años, perdiendo buena parte de su valor, por lo que esa ley contempla que la prestaciones estén indexadas a la inflación y que sean canceladas en el lapso de un año".



Tal Cual

martes, 15 de febrero de 2011

Personal pensionado discapacitado pide al Gobernador pague a la fecha.

San Carlos, febrero 14.- José Ildemar Herrera y Rafael Godoy, se presentaron a la sala de redacción de este medio, a fin de expresar el descontento que sienten, ya que el Gobierno regional tiene dos meses que no les cancelan la pensión.

Es de indicar que afectados son personas con discapacidad, por ello, aprovecharon el momento para hacer llamado al Gobernador del estado, ya que son hombres y mujeres que necesitan comprar sus medicamentos, “es lamentable como se atrasan con el pago y mientras esto pasa, tenemos que ingeniarnos para adquirir los remedios”.

Pidieron al titular de la Gobernación que cancele mensualmente, pues no comprenden que hacen con la plata allí en el banco durante tanto tiempo “será que los tienen ganando intereses, o será que piensan que no van a llegar a la tercera edad, estamos enfermos y merecemos respeto”.

Consideraron que la falta le corresponde a la Dirección De Hacienda, pues ellos deben saber que tienen un compromiso con el personal y por ende deben responder cuando les corresponde, “esperamos que nos atiendan porque de lo contrario iremos hasta las últimas consecuencias”.

viernes, 11 de febrero de 2011

Alfredo Ramos aseguró que el Gobierno tiene una deuda con los venezolanos

Alfredo Ramos aseguró que el Gobierno tiene una deuda con los venezolanos, frente al alto costo de la vida y la alta inflación.

Por eso propuso, en nombre de la Unidad un aumento general de sueldos a todos los trabajadores sin esperar al primero de mayo. También propuso que la Asamblea apruebe el ticket de alimentación a todos los jubilados y pensionados. Celebró el contrato colectivo de los trabajadores de la Coca Cola, pero pidió que también se apruebe la contratación colectiva de los trabajadores de Guayana, de Bianca y de todos los empleados públicos, incluidos los del diario Vea, de Venezolana de Televisión y de el Canal de la Asamblea (ANTV).

TICKET ALIMENTACIÓN PARA PENSIONADOS

El canciller Nicolás Maduro destacó los logros que en materia de empleo y salario se han dado en el país. Afirmó que el presidente Chávez está estudiando seriamente la propuesta de pagarle ticket de alimentación a los pensionados, tal como han planteado en el sector laboral. Dijo que si se llega a esa decisión y es preciso aplicar un impuesto a la ganancia o al lujo para pagar el ticket de alimentación a los pensionados, se hará. Aunque aclaró que el tema está en estudio.

jueves, 10 de febrero de 2011

Denuncian violación de contrato a jubilados de Corposalud


Luisa María Salazar, presidenta del Sindicato Único de trabajadores de la Salud del estado Nueva Esparta, denunció el desvío de los recursos destinados al pago atrasado de los aguinaldos a los jubilados.

Salazar indicó que el dinero fue enviado a la Gobernación de Nueva Esparta, y ésta lo remitió a la Corporación Regional de Salud, (Corposalud), hace unos meses y todavía no han pagado.

Al parecer, los recursos fueron destinados a cancelar el adelanto de las prestaciones de algunos empleados de Corposalud, expresó la presidenta del sindicato.

Aunado a este problema, también debían incrementar en un 15% el salario de los jubilados, pero hasta ayer no lo habían hecho ni dado respuesta de cuándo lo harían.

Lo único que nos aprobaron fue la continuación del HCM con la empresa Dalubel, la cual, según afirma Salazar, presta un mal servicio a los jubilados.

Dalubel excluye del presupuesto algunos medicamentos que requieren los pacientes, aplica la suspensión del servicio por determinados lapsos y la cobertura sigue siendo de 12 mil bolívares.

Luisa Salazar afirmó que integrantes del sindicato fueron a pedir una respuesta a la jefa de Presupuesto, Luisa Bellorín y a Zoraya Ferreira, economista de Corposalud, pero se encuentran de viaje. Agregó que en el transcurso de la semana introducirán la denuncia ante los organismos correspondientes.

En opinión de la dirigente gremial, “es una falta de respeto en contra de estas personas que también comen, pagan transporte y requieren medicamentos”.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Recogerán firmas en apoyo a la reforma de ley de alimentación

"En la entidad trujillana apoyaremos la reforma parcial de la Ley de alimentación de los trabajadores " dijo a este medio impreso Julio Cortez, secretario general de la Causa R en el estado Trujillo y miembro del movimiento social Voto por la Democracia.

Adujo el declarante "Con este anteproyecto, que se introdujo en la Asamblea Nacional, se pretende extender los beneficios a la gran mayoría de los trabajadores del país, incluyendo a los jubilados, pensionados y sobrevivientes de IVSS. También a todos los trabajadores activos, sin discriminar el tamaño de la empresa, ni el salario que estén devengando".

Sin excepción
Por otra parte dijo Cortez "Es oportuno someter a discusión los alcances de la ley de alimentación de los trabajadores, aprobada en el año 2004, que busca proteger y mejorar el estado nutricional de los trabajadores. De lo que se trata es de hacer justicia y ampliar el radio de acción de la ley, incorporando mayores beneficios tal como que a los empleadores, tanto del sector público como privado, deberán otorgar a los trabajadores sin excepción, el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo.

El bloque parlamentario de la Causa R, acompañados por el resto de parlamentarios de la oposición, al introducir este anteproyecto de reforma hace justicia con la deuda social que históricamente se tiene con la clase laboral venezolana".

Recolección de firmas

En nuestro estado el movimiento social Voto por la Democracia conjuntamente con otros factores que tienen que ver con la clase trabajadora del país y del estado se encargarán de motorizar las jornadas de explicación de los alcances de esta reforma y la consiguiente recolección de firmas en apoyo a la misma. Esto se hace con el propósito de que se entienda que la idea es la de no politizar estas acciones, puesto que su contenido de fondo es la de lograr ampliar los beneficios sociales a todos los trabajadores. Aquí predomina la inclusión de todos los trabajadores no importa donde estén ubicados políticamente. Oportunamente publicaremos el cronograma de actividades a desarrollar; por lo pronto tendremos una reunión con representantes de los sectores sindicales para coordinar las acciones a emprender, señaló el dirigente de oposición. R J C



Diario Los Andes

miércoles, 2 de febrero de 2011

RESUMEN HISTÓRICO DEL BENEFICIO DEL TICKET DE ALIMENTACIÓN

En el año 1997 los Diputados y Diputadas de La Causa R propusieron ante el Congreso de la República la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, con el objeto de crear un programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de los trabajadores y trabajadoras, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral. Esta Ley fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial No. 36.538 de fecha 15 de septiembre de 1998.

En el año 2002 los Diputados de la Causa R: Alfredo Ramos, Andrés Velásquez, Enrique Márquez y Elías Mata, presentaron una propuesta de reforma de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, aprobada y publicada en la Gaceta Oficial No. 38.094 de fecha 27 de diciembre del 2004, modificándose, entre otros, su título por el de “Ley de Alimentación para los Trabajadores”.

Los logros obtenidos en beneficio de los trabajadores y trabajadoras con la aprobación de esta Ley, fueron:
La incorporación de más empresas al Programa de Alimentación. En efecto, la LAT obliga a un mayor número de empresas que la anterior LPAT, que imponía la obligación de otorgar el beneficio de alimentación a aquellas empresas que tuvieran más de cincuenta (50) trabajadores a su cargo, en tanto que la nueva LAT lo establece para las que apenas tengan veinte (20) trabajadores o más, con lo cual se aumenta la cantidad de empresas obligadas a otorgar el beneficio.

Se incorporó también a un mayor número de trabajadores al Programa de Alimentación. Anteriormente, bajo la vigencia de la derogada LPAT sólo se beneficiaban los trabajadores que devengaran hasta dos (2) salarios mínimos mensuales, quienes quedaban excluidos del beneficio cuando llegaran a devengar tres (3) salarios mínimos; como consecuencia de ello, aquellos trabajadores que ingresaran a una empresa devengando más de dos (2) salarios mínimos y menos de tres (3) salarios, quedaban excluidos de la aplicación del beneficio. Ahora en cambio, bajo la nueva LAT todo trabajador de empresas sujetas a su cumplimiento que devengue menos de tres (3) salarios mínimos urbanos, califica para el otorgamiento del beneficio, es decir, los trabajadores que en la actualidad devenguen Bs.963.705,60 o menos, tienen derecho a disfrutar del beneficio contemplado en la LAT, quedando excluidos sólo aquellos trabajadores cuyo salario "normal" mensual exceda de la antedicha cantidad. Cabe destacar que la anterior LPAT, a diferencia de la nueva LAT, no hacía referencia alguna al concepto de salario "normal" al referirse al salario del trabajador como medida para determinar su acceso o no al beneficio del Programa de Alimentación.

Se mantuvieron las formas alternativas de cumplimiento del beneficio de alimentación que establecía la derogada LPAT, y agregó entre las modalidades de otorgamiento la utilización de tarjetas electrónicas. El artículo 4 de la nueva LAT, además de ratificar lo que ya estipulaba la LPAT en el sentido de que el beneficio de alimentación no podría ser pagado en dinero efectivo, mantiene las modalidades que preveía aquella ley, a saber: (a) instalación de comedores propios en la empresa; (b) contratación del servicio de comida elaborada por empresas especializadas; (c) instalación de comedores comunes con otras empresas; y (d) utilización de servicios de comedores administrados por el órgano del Estado competente en materia de nutrición. Adicionalmente, la nueva LAT mantiene la modalidad de otorgamiento del beneficio a través de la provisión o entrega al trabajador de tickets o cupones, pero permite también la utilización de "tarjetas electrónicas de alimentación", pudiendo ser utilizados unos y otros para la obtención de comidas o alimentos en restaurantes y establecimientos de expendio de alimentos y comidas elaboradas.

Los grupos de empresas que en conjunto empleen a 20 trabajadores o más están obligados a otorgar el beneficio. De esta manera, la nueva LAT incorporó el criterio que venía sosteniendo la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en el sentido de que para la determinación del número de trabajadores necesarios para que una empresa cumpliera con el otorgamiento del beneficio de alimentación, tratándose de un grupo de empresa debía hacerse la sumatoria de todos los trabajadores que prestaran servicios en todas las empresas integrantes del mismo grupo. Recordemos que conforme al Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (art. 21), se considera que existe un grupo de empresas cuando éstas se encuentren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieren a su cargo la explotación de las mismas.

Fijación de la modalidad de cumplimiento del beneficio. La nueva LAT también establece que cuando el beneficio de alimentación se encuentre estipulado en convenciones colectivas de trabajo, la elección de la modalidad de cumplimiento deberá efectuarse de común acuerdo entre el empleador y el o los sindicatos que sean parte de la convención.

Valor del beneficio en Unidades Tributarias (UT). La LAT conserva las disposiciones, contenidas en la derogada LPAT relativas al valor del beneficio cuando éste sea otorgado a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, el cual sigue siendo de 0,25 UT a 0,50 UT por jornada trabajada.

Se mantiene el carácter no salarial del beneficio de alimentación. En lo referente a la naturaleza jurídica del beneficio, la nueva LAT ratifica -al igual que lo hacía la LPAT- que el mismo no será considerado salario, salvo que se le de tal carácter en las convenciones colectivas, acuerdos colectivos o contratos individuales de trabajo.

Transcurridos siete años, nuevamente La Causa Radical interpretando la necesidad de extender el beneficio del ticket de alimentación a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a los jubilados, pensionados y sobrevivientes del IVSS, propone ante la Asamblea Nacional una nueva Reforma Parcial a la Ley de Alimentación de los Trabajadores, introducida ante la Secretaría el pasado 12 de enero del 2011. A continuación presentamos el contenido de la misma:

ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Alimentación para los Trabajadores fue aprobada por esta Asamblea en diciembre de 2004 con el fin de regular el beneficio laboral de alimentación que busca proteger y mejorar el estado nutricional de los trabajadores venezolanos. Sin embargo, el ámbito de aplicación de dicha ley excluyó a los trabajadores de las pequeñas empresas de menos de veinte empleados, así como tampoco contempló a los jubilados, pensionados y sobrevivientes inscritos en el Instituto Venezolano Sistema de los Seguros Sociales.

Los derechos establecidos en esta Ley, han servido en los últimos años para que sus beneficiarios contrarresten las nefastas consecuencias del flagelo de la inflación que diluye progresivamente la capacidad adquisitiva del mermado ingreso familiar y del insuficiente salario mínimo nacional. Las dos devaluaciones recientes a la moneda nacional decretadas en apenas un año por parte del Ejecutivo Nacional, seguirán acentuando en el futuro inmediato el fenómeno de la inflación, sobretodo en el sector de los alimentos que impacta directamente a la clase obrera y trabajadora.

Por lo tanto, en el marco del estado social de derecho y de justicia que contempla nuestra Carta Magna, ahora se hace oportuno y necesario ampliar el ámbito de aplicación de la Ley para extender su beneficio a la mayor cantidad de trabajadores y ex trabajadores del país, incluyendo expresamente a los jubilados, pensionados y sobrevivientes del IVSS, así como a todos los trabajadores activos sin discriminaciones según el tamaño de la empresa ni por el salario devengado. Se trata, pues, de hacer justicia y declarar la universalidad de este importante derecho laboral.

Sobre la viabilidad económica de esta reforma, es preciso recordar que el presupuesto para el año en curso aprobado por esta Asamblea contempla el precio del barril de petróleo venezolano en $40 cuando en la práctica ya ha superado los $80 y según recientes declaraciones del Presidente de la República, se espera que supere los $100 en el corto plazo. Esta situación prevé altísimos niveles de excedentes petroleros que deben ser destinados prioritariamente a reformas de reivindicación social por la vía del FONDEN.

En atención a los motivos expuestos, sometemos a la consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación para los Trabajadores.
A tales efectos proponemos:

ARTÍCULO 1: Se modifica el artículo 1 de la siguiente forma:
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular el beneficio de alimentación para proteger y mejorar el estado nutricional de los trabajadores activos, así como de los jubilados, pensionados y sobrevivientes del IVSS y de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral. La designación de persona en masculino tiene en las disposiciones de esta Ley un sentido genérico, referido siempre por igual a hombres y mujeres.

ARTÍCULO 2: Se modifica el artículo 2 de la siguiente forma:
Artículo 2. A los efectos del cumplimiento de esta Ley, los empleadores del sector público y del sector privado, otorgarán a todos sus trabajadores sin excepción, el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo. Parágrafo Único: Se entenderá por comida balanceada aquella que reúna las condiciones calóricas y de calidad, tomando como referencia las recomendaciones y criterios establecidos por el órgano competente en materia de nutrición.

ARTÍCULO 3: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un sólo texto la Ley de Alimentación para los Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.094, de fecha 27 de diciembre de 2004, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto íntegro, corríjase la numeración de los artículos y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.