miércoles, 2 de marzo de 2011

Invertir en el pueblo


Las propuestas que ha realizado el diputado Alfredo Ramos no han sido del agrado de la bancada oficialista. El hecho de que pierdan el monopolio de la lucha por la justicia social ha causado escozor. Los ataques hacia el parlamentario de la Causa R no se han hecho esperar: "populista", "demagogo".
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Además han alegado que no hay recursos para otorgar el bono de alimentación a todos los jubilados, ni para incrementar los salarios, ni para pagar las prestaciones adeudadas, pero Ramos dice que sí hay dinero para lo que plantea y por ello propone "que al menos 50% del ingreso transferido a dicho Fondo deberá ser destinado exclusivamente para cancelar la deuda laboral de la Administración Pública y para financiar un fondo público de pensiones y de vivienda que garantice los principios constitucionales correspondientes a la universalidad de las pensiones y al acceso de una vivienda digna".

Para lograr lo anterior sólo hay que modificar el artículo 113 de la Ley del Banco Central, el cual contempla la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). En una comunicación que entregará al Parlamento la próxima semana recuerda que dicho fondo fue creado en 2005 con un monto de 6.000 millones de dólares "y a la fecha ha recibido ingresos incalculables producto de seis años sostenidos de excedentes de los ingresos petroleros".

Estima que para el presente año el Fonden recibirá un ingreso que "supere el ingreso del presupuesto nacional aprobado" por esta AN, debido a que el precio del petróleo está muy por encima del valor tomando en cuenta para elaborar presupuesto.

La propuesta de Ramos recuerda que el artículo 113 "deja abierta la puerta para cualquier tipo de uso en el caso de "situaciones especiales y estratégicas" que colocan este dinero publico a merced de la discrecionalidad del gobierno de turno. Es por ello que se hace necesario establecer con mayor especificidad el destino del excedente petrolero, dándole prioridad a la materia social y al cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado en materia laboral y de seguridad social", explica el parlamentario.








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