miércoles, 16 de febrero de 2011

Defensor de pensiones


Luego de su intercambio de palabras con el presidente Chávez, se reunió con la ministra del Trabajo. Siente que la mayoría de los diputados oficialistas comparten su propuesta, por lo que espera que la apoyen

Por: Xabier Coscojuela

Las pensiones que paga el Estado venezolano las volvió sal y agua la inflación persistente que sufre el país. Haberlas equiparado con el salario mínimo fue considerado, en su momento, como un gran avance, pero cada vez alcanza para menos, en opinión del diputado Alfredo Ramos, quien en nombre de La Causa R propone que los pensionados también reciban el bono, conocido popularmente como cesta ticket.

La propuesta, formulada a través de los medios en primer lugar y, el día de la presentación de la memoria y cuenta presidencial, planteada al jefe del Estado en vivo y directo, hizo que Ramos sostuviera una reunión con la ministra del Trabajo María Cristina Iglesias, quien recibió las propuesta y prometió someterlas a estudio y posteriormente llevárselas al presidente Chávez. Todavía no hay respuesta.

El pasado jueves durante la interpelación a los ministros del área social, Ramos reiteró sus propuestas y recordó la deuda del chavismo con aprobar la retroactividad de las prestaciones sociales, mandato que está en la Constitución.

Cuando se refería al tema le cortaron el sonido.

Aristóbulo Istúriz aseguró que ahora sí van a reformar la Ley del Trabajo para abordar ese aspecto, pero el parlamentario de la Causa R tiene sus dudas.

"Han tenido 10 años para hacerlo, con el Parlamento totalmente en sus manos y no lo hicieron. Ver para creer", dice desconfiado.

BONO DE ALIMENTACIÓN

Ramos ha venido recorriendo el país exponiendo su propuesta del ticket de alimentación y recogiendo firmas de miles de personas que comparten su planteamiento. "Ahora con la devaluación de la moneda que aprobó el Gobierno es cuando más necesario es el otorgamiento del cesta ticket, porque la mayoría de los pensionados emplean lo que reciben para comprar medicinas, que vendrán más caras".

Precisa que en la actualidad existen más de treinta instituciones del Estado que les cancelan el bono de alimentación a sus jubilados. "Los jubilados de la Asamblea Nacional, del Banco Central, del sector eléctrico, de algunas universidades y los médicos del Ipasme, entre otros entes, reciben sus cesta ticket", por lo que considera justo que tal beneficio se extienda a todos los pensionados que hay en el país, que los estima en dos millones de personas.

Recordó que el bono de alimentación fue una propuesta de La Causa R hecha en 1997 y que inicialmente beneficiaba a los trabajadores de las empresas que tuvieran desde 50 trabajadores.

Posterior- mente fue reformada para que se extendiera hasta las empresas con veinte empleados y "se impuso que fuera obligatorio para todos los entes del Estado, antes era opcional".

El abogado laboral y experto en el tema, León Arismendi, en principio está de acuerdo con las propuestas de Ramos, pero señala que hay que "sacar las cuentas" y sugiere que en lugar de entregar un cesta ticket, a los jubilados se les incremente la pensión en un monto equivalente al referido bono. "De esta manera sería muy sencillo llevarlo a la práctica".

En cuanto a la reacción de sus colegas de la bancada oficial, Ramos señala que "siento que hay un apoyo en la mayoría de la bancada oficial, saben que es una necesidad", por lo que espera que sea aprobada su propuesta. Tienen la oportunidad de demostrar en la práctica lo que hablan de justicia social. Vamos a ver si es verdad lo que pregonan", afirma.

FIADO PARA RECIBIR PENSIÓN

Otra propuesta hecha por Ramos es que las personas que no tengan las 750 cotizaciones que permiten obtener una pensión, reciban un préstamo del propio Estado para completarlas. "El mecanismo es sencillo: se le otorga la pensión al jubilado y del monto que recibe mensualmente se le descuenta una cuota hasta que paga el fiado que le dieron".

Esta propuesta también está en estudio por parte de la ministra del Trabajo.

Al mismo tiempo, y como una solución definitiva al problema, Ramos plantea la necesidad de sancionar una ley que permita la creación de fondos mixtos de pensiones "donde coticen trabajador, patrono publico y privado y parte de la renta petrolera sirva para garantizar lo que establece la Constitución: que todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión, aun no teniendo capacidad contributiva".

Es partidario de que la pensión que cobre cada jubilado esté acorde con sus cotizaciones, y no como ocurre en la actualidad, que todos reciben el mismo monto, así unos hayan aportado más que otros.

CONSERVAR VALOR

Otro instrumento legal que tiene entre manos es la Ley de Conservación de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público, que obliga al Estado a pagar las prestaciones en un año. "Es conocido por todos que cuando un trabajador del Estado se jubila, sus prestaciones pueden ser canceladas en tres, cuatro o cinco años, perdiendo buena parte de su valor, por lo que esa ley contempla que la prestaciones estén indexadas a la inflación y que sean canceladas en el lapso de un año".



Tal Cual

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